Hay incertidumbre en el país porque se le acaba el tiempo para la expedición de la Ley de Competencias que establecerá el esquema de reparto de recursos de la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP).
Aunque la medida busca fortalecer la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, su implementación podría generar presiones fiscales significativas, en un contexto de crecimiento moderado, baja ejecución del gasto e inflexibilidades crecientes del presupuesto nacional.
De acuerdo con el Acto Legislativo 03 de 2024, que reforma el reparto del SGP, con un aumento progresivo en los recursos asignados que pasarían de representar el 25% de los ingresos corrientes de la nación en 2024 al 39,5% en 2038, su entrada en vigencia requiere de la expedición de la Ley de Competencias, que defina con claridad los recursos y funciones a ser transferidos del gobierno central a las entidades territoriales.
Para el efecto, el Gobierno nacional tiene previsto radicar el proyecto el próximo 20 de julio, cuando se inicia la última legislatura del actual Congreso Nacional.
La iniciativa deberá ser discutida y aprobada por ambas cámaras del Congreso (Senado y Cámara de Representantes), en 4 de debates, que de no cumplirse darían al traste con el deseo de decentralización y fortalecimiento de las finanzas territoriales (departamentos, distritos y municipios).
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