La Policía Nacional de España informó que arrestó a cuatro personas de entre 41 y 74 años en Valencia, acusadas de liderar una red delictiva vinculada a la comercialización de cadáveres. Estos individuos, empleados de una funeraria, presuntamente falsificaban documentos para extraer cuerpos de hospitales, residencias y geriátricos, los cuales posteriormente vendían a universidades por $1,300 cada uno, según confirmó un portavoz policial.
Las autoridades españolas indican que los delincuentes sustraían ilegalmente cadáveres de hospitales y residencias de ancianos. En los casos identificados, se observó un patrón en el que la mayoría de las víctimas eran extranjeras o personas con condiciones de vida precarias, sin familiares que reclamaran los cuerpos. Esto aseguraba la falta de seguimiento por parte de familiares, según argumenta la Policía.
Además, se han detectado irregularidades en el proceso de incineración de los cuerpos donados a la ciencia. La Policía Nacional destaca que los detenidos llegaron a facturar $5,450 a una universidad por once incineraciones de cuerpos, después de ser estudiados. Sorprendentemente, estas transacciones no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras de la ciudad, según un comunicado compartido con los medios.
La investigación de estos hechos se inició a principios de 2023, cuando agentes de la Policía Nacional descubrieron que un cadáver había sido retirado de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria. Se constató la realización de falsificaciones tanto en el libro de registro de la funeraria como en la documentación proporcionada al Registro Civil.
Adicionalmente, la policía constató que el sepelio, financiado por el gobierno de Valencia, España, no se llevó a cabo, y el cuerpo del fallecido fue vendido sin la aprobación de ningún familiar o allegado.
Otro caso que llegó al conocimiento de las autoridades involucraba a un hombre en un hogar geriátrico. Aunque aparentemente autorizó la donación de su cuerpo antes de morir, se descubrió que el fallecido tenía problemas mentales y no comprendía completamente el significado de una donación. En este caso, a última hora, los miembros de la funeraria decidieron enviar el cadáver a otra universidad, argumentando que esta última ofrecía un pago más elevado por el mismo.
Tras su detención, a dos de los empleados de la funeraria se les imputó el delito de estafa, mientras que a los otros dos se les acusa de falsedad documental. La Policía Nacional de España confirmó a la cadena internacional CNN que ya interrogó a cada uno de ellos, y actualmente permanecen en libertad a la espera de comparecer ante la justicia.
Paola Martínez Burgos
